Plan de Gobierno
Once ejes de la hoja de ruta que María Corina Machado presentó en 2023 como Plan Tierra de Gracia, asumida en 2024 por Edmundo González Urrutia como guía de la transición democrática venezolana.
Este resumen está elaborado en base a la propuesta pública de Machado. No incluye montos de inversión: la situación fiscal real del país en un eventual gobierno de transición dependerá de condiciones que hoy no pueden calcularse con certeza.
Organismos de derechos humanos han documentado años de detenciones arbitrarias, persecución judicial y encarcelamiento de dirigentes, activistas y ciudadanos por motivos políticos en Venezuela.
- Liberación inmediata de todos los presos políticos.
- Cese de las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
- Revisión judicial independiente de los procesos abiertos por razones políticas.
- Garantías de no repetición.
Mediante un proceso de revisión judicial independiente, con acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos — como paso previo e innegociable a cualquier proceso de reconciliación nacional.
Más de dos décadas de erosión institucional han concentrado el poder y debilitado la independencia entre los poderes públicos venezolanos.
- Legitimación de la Asamblea Nacional mediante elecciones libres.
- Independencia real del Poder Judicial frente al gobierno de turno.
- Renovación de los organismos que constitucionalmente dependen de la Asamblea.
Proceso escalonado: primero la legitimación electoral del Poder Legislativo, luego la designación independiente de las nuevas autoridades judiciales.
La Fuerza Armada ha sido utilizada como instrumento de control político, con injerencia de actores extracontinentales y presencia de grupos armados irregulares en parte del territorio nacional.
- Profesionalización basada en el mérito, no en la lealtad política.
- Reunificación del mando militar en los cuatro componentes tradicionales.
- Disolución de la Milicia Bolivariana.
- Nueva doctrina centrada en la defensa genuina de la soberanía nacional.
Reforma doctrinal y de mando, recuperación gradual de zonas bajo control de grupos irregulares, y realineación de la cooperación de seguridad con socios del hemisferio occidental.
Dos décadas de políticas económicas han producido hiperinflación, contracción productiva y una fuerte fuga de talento humano del país.
- Programa de "estabilización expansiva": control fiscal e independencia del Banco Central.
- Reinserción en los mercados financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, CAF).
- Apertura comercial, simplificación regulatoria y programa de privatizaciones.
En dos fases: primero la estabilización macroeconómica de corto plazo, luego medidas de expansión centradas en infraestructura, empleo e inversión privada.
PDVSA arrastra una deuda cercana a los 45.000 millones de dólares y años de producción muy por debajo de su capacidad histórica, agravada por las sanciones internacionales.
- Reestructuración integral de PDVSA.
- Apertura total a la inversión privada nacional e internacional.
- Meta de largo plazo: recuperación progresiva de la producción petrolera.
Renegociación de la deuda —incluyendo mecanismos como swaps de deuda por activos— y apertura regulatoria para atraer capital privado al sector.
El sistema eléctrico nacional arrastra apagones recurrentes por la falta de mantenimiento e inversión en generación, transmisión y distribución durante más de una década.
- Plan de rehabilitación de la infraestructura de generación y transmisión.
- Diversificación de la matriz energética, incluyendo fuentes renovables.
- Apertura a la inversión privada en el sector eléctrico.
Auditoría técnica del estado real del sistema, priorización de reparaciones urgentes, y apertura regulatoria para atraer inversión y asistencia técnica internacional.
Buena parte del país enfrenta servicio de agua potable intermitente o de baja calidad, con redes de acueducto y saneamiento deterioradas por falta de mantenimiento.
- Rehabilitación de acueductos y plantas de tratamiento.
- Ampliación de cobertura en zonas con servicio más deficiente.
- Programa de mantenimiento preventivo permanente.
Diagnóstico técnico por regiones, priorización de las zonas más críticas, y búsqueda de cofinanciación con organismos multilaterales especializados en agua y saneamiento.
La violencia, la actividad de grupos armados irregulares y la debilidad institucional han deteriorado la seguridad ciudadana en distintas regiones del país.
- Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles bajo control democrático.
- Recuperación de territorios bajo control de grupos irregulares.
- Mecanismos comunitarios de prevención del delito.
En coordinación con la reforma de la Fuerza Armada y el restablecimiento del Estado de derecho, con supervisión civil e independiente de los organismos de seguridad.
El sistema educativo venezolano enfrenta un rezago escolar crónico y una severa escasez de docentes.
- Tutoría asistida por inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje.
- Sistema de vouchers o cheques educativos: el financiamiento público sigue al estudiante.
Bajo el concepto de leapfrogging planteado por Machado en sus ponencias de 2026 —incluida su intervención en Harvard—: aprovechar el colapso institucional para diseñar un sistema educativo moderno desde cero, en lugar de reparar uno obsoleto.
Más de una década de emergencia humanitaria compleja ha afectado el acceso a alimentación, salud y educación de los sectores más vulnerables del país.
- Programa de Emergencia Familiar con transferencias monetarias directas.
- Regularización de la alimentación escolar.
- Restablecimiento del plan nacional de vacunación y la salud materno-infantil.
Con apoyo de organismos multilaterales, priorizando a los hogares en pobreza extrema a través de la red bancaria nacional.
Sin garantías institucionales sólidas, una transición democrática corre el riesgo de ser reversible.
- Fin del adoctrinamiento ideológico en la educación.
- Control parlamentario civil de los servicios de inteligencia.
- Creación de un centro especializado en identificar y neutralizar amenazas contra la democracia naciente.
Mediante reformas legales que sometan a los organismos de inteligencia a supervisión civil y parlamentaria permanente.